El consejero de Cultura de Castilla y León y el alcalde de Medinaceli se unen para defender el Toro Jubilo

La Constitución española y las leyes, obligan a los poderes públicos a proteger a este patrimonio cultural del pueblo español

Es de esperar que la estrategia judicial a emprender reponga la lesión causada, por la que, en cualquier caso, deberán responder quienes intentaron tan aventurada acción

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Una vez más la bella y recoleta ciudad de Soria, cuna de Alfonso VIII y testigo de la proeza Numantina, en cuyas calles y plazas Antonio Machado, Becquer y Gerardo Diego encontraron el marco ideal para solazar su espíritu y poesía, de nuevo ha marcado un hito histórico al juntar por primera vez a los representantes de los poderes públicos municipales y autonómicos, en defensa de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, tal y como lo dispone la ley.

El pasado 29 de diciembre la Peña Taurina Celtiberia logró reunir en la sede del Casino de Soria a D. Gonzalo Santonja, Consejero de Cultura de la Junta de Castilla León y a D. Gregorio Miguel, Alcalde de Medinaceli, en un acto en el que, de conformidad con en el deber de Protección recogido en el artículo 3º de la Ley 18/2013 del 12 de noviembre que reconoce la Tauromaquia como Patrimonio Cultural del Pueblo español, se posicionaron en defensa de los derechos culturales de los habitantes de Medinaceli y de la Comunidad Autónoma, contra la prohibición dictada por una decisión que vulnera lo dispuesto en la Constitución española y en las leyes que rigen la Tauromaquia en todo el territorio español.

Al acto celebrado en una sala repleta con nutrida asistencia de buenos aficionados sorianos y muchos otros venidos de provincias vecinas, asistieron como expositores Alberto de Jesús, director de la revista Bous Al Carrer especializada en la temática de los Festejos Populares, y William Cárdenas Rubio, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), junto con Enrique Riosalido, presidente de la Asociación Toro Jubilo.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, hizo hincapié de manera enjundiosa en el carácter totalmente democrático de la Fiesta del Toro de Jubilo, cuyos testimonios documentados se remontan varios siglos atrás, y a que, en esencia, la democracia pasa por el respeto a las minorías, para evitar convertirse en una tiranía de las mayorías, dejando claro que está al lado de quienes con firmeza defienden sus tradiciones y patrimonio.

El Alcalde Gregorio Miguel dio cuenta de cómo Medinaceli ha sido víctima desde hace mucho tiempo de ataques de antitaurinos, que ahora se materializan en una acción judicial, en la que a través de una medida cautelar dictada de manera sorpresiva y a escasos días de la celebración del Festejo, acordó su prohibición, sin dar oportunidad a reacción alguna dejando a la población sin la posibilidad de tener acceso al evento cultural más importante del año, con los consecuentes daños económicos y sociales que implicó para el sector del turismo, la hostelería y la restauración.

Alberto de Jesús se remontó a los orígenes de los Festejos Populares en la cuenca Mediterránea y a como son la génesis de la Tauromaquia en sentido amplio, lo que les da una importancia fundamental en lo que significa mantener este legado cultural, y en la necesidad de plantar cara como sector ante este despropósito.

Finalmente, William Cárdenas resaltó la necesidad de constituir un frente común con los Festejos Populares de Coria, Benavente, Pamplona, Soria, Cuellar, Colmenar de Oreja entre otros, para enfrentar esta segunda embestida contra la Tauromaquia de los grupos animalistas, antitaurinos, y de partidos políticos como Pacma, para crear una estrategia compleja que permita perseguir, con acciones civiles y penales, por los daños económicos y morales causados, a quienes resulten responsables de estos actos de expolio cultural.

Sólo faltó la representación del poder nacional, que como es sabido está depositada en cabeza del ministro de Cultura catalán Ernesto Urtasum, un reconocido antitaurino, otro de esos cómplices necesarios que se encuentran en las administraciones públicas, que no quieren aceptar que la Tauromaquia es Patrimonio Cultural del pueblo español.

Es de esperar que la estrategia judicial a emprender reponga la lesión causada, por la que, en cualquier caso, deberán responder quienes intentaron tan aventurada acción.